Este reporte también se encuentra disponible en inglés.
La urgencia por responder a la pandemia de COVID-19 ha llevado a gobiernos de todo el mundo a desplegar y aplicar rápidamente tecnología para vigilar y detener la propagación de la enfermedad. Aun en situaciones críticas de salud pública, es fundamental que los gobiernos le den prioridad a sus compromisos internacionales de derechos humanos, y con ello asegurar que se tomen en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad para atender preocupaciones legítimas de salud pública.
En “Uso de tecnologías para el combate de la pandemia: Datos personales en Latinoamérica” Laura Nathalie Hernández Rivera, doctora en derecho con especialidad en tecnología en la organización de la sociedad civil Derechos Digitales, examinó lo que esto quiere decir para América Latina.
La autora llevó a cabo investigación sobre el desarrollo de tecnologías para combatir la pandemia Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y El Salvador y analizó el impacto de las respuestas del gobierno en los derechos de privacidad de los usuarios. Asimismo, se compararon los marcos legales existentes para la protección de datos y revisaron acuerdos para compartir información con compañías privadas. Se consultaron varias fuentes oficiales, tales como reportes de prensa, entrevistas con representantes de organizaciones para la protección de derechos humanos y artículos académicos en la materia.
El estudio muestra que en tanto que ha habido un amplio despliegue de tecnología y mecanismos para recolectar y procesar información con fines relacionados a la salud pública, aún queda mucho por hacer para asegurar que el diseño, desarrollo e implementación de las tecnologías para proteger la salud pública, se apeguen estrictamente a estándares de derechos humanos y sean consistentes con la protección de la privacidad y autodeterminación de la información.
El reporte concluye que es necesario que cualquier medida de combate a la pandemia y a cualquier emergencia futura, sea adecuada, proporcional, con una finalidad clara, delimitada en el tiempo, consentida y necesaria y ofrece recomendaciones respecto a la implementación de soluciones viables, tomando en cuenta mejores prácticas, la legalidad, y la protección de los derechos humanos.
Lee este reporte. Conoce más sobre el trabajo de GNI sobre vigilancia.
Este reporte no necesariamente refleja los puntos de vista de GNI.